El FC Barcelona reaccionó con fuerza tras informes que vinculaban una denuncia presentada ante el Tribunal Nacional de España contra Joan Laporta y varias figuras del actual liderazgo.
Anteriormente, un socio del club inició acciones legales, acusando a Laporta y otros ejecutivos de presuntos delitos financieros, incluidos lavado de dinero y recepción de comisiones indebidas.
Dentro del club, la reacción fue inmediata y contundente. Con Rafael Yuste como presidente interino durante el periodo electoral, Barcelona emitió un detallado comunicado rechazando la credibilidad de los materiales que sustentan la denuncia.
Según el club, las acusaciones no son nuevas. Afirman que la misma documentación ya había circulado semanas antes y fue examinada internamente.
El comunicado explica que a mediados de enero, periodistas y el Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) se acercaron a Barcelona para validar documentos que supuestamente respaldaban estas afirmaciones.
En lugar de rechazarlos de inmediato, el club activó mecanismos de revisión interna y externa para evaluar su autenticidad.
La conclusión, según Barcelona, fue definitiva. Los documentos fueron calificados como "inverosímiles y no relacionados con la realidad", señalando que parecían "falsos o seriamente manipulados."
De manera crucial, el club también reveló que otros medios nacionales recibieron el mismo material, pero se abstuvieron de publicarlo tras identificar inconsistencias y posibles indicios de falsificación.
El club desconoce los detalles completos de la denuncia presentada, aunque señala que la información publicada coincide con datos que el club rechazó expresamente el 19 de enero de 2026.
Barcelona advirtió que, si se confirma la relación con denuncias previamente desestimadas, escalarán el asunto legalmente.
"El Club pondrá a disposición de la Comisión Electoral toda la información en su posesión sobre este asunto para que verifiquen la situación y adviertan a los precandidatos sobre las consecuencias de usar información falsa y noticias durante el proceso electoral."
El club también está dispuesto a involucrar a su Comité Disciplinario para investigar al miembro responsable y evalúa si debe tomar medidas contra los medios que publicaron las denuncias a pesar de conocer la posición del club.
Más allá de la dimensión legal, Barcelona remitió el caso a la Junta Electoral, argumentando que el momento de la publicación genera dudas y sugiriendo sutilmente la posibilidad de "un intento ilegítimo de perturbar el proceso democrático normal" durante un periodo electoral sensible.
