El prolongado enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid por el Caso Negreira tuvo un nuevo capítulo en mayo de 2026. El Real Madrid emitió un comunicado exigiendo a la UEFA la reanudación inmediata del expediente disciplinario abierto en 2023. En el texto, el presidente madridista Florentino Pérez pide una "respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo" para salvaguardar la "integridad, transparencia y correcto funcionamiento de las competiciones". Además, recuerda que el club se ha personado como acusación particular en el proceso penal en curso.
Barcelona se negó a comentar directamente el comunicado del Real, señalando que "quien debe hablar y responder es la UEFA". Sin embargo, el club azulgrana emitió otro comunicado contundente en el que su presidente Rafael Yuste dirigió cartas formales a los presidentes de LaLiga, la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros. Barcelona solicita a estas entidades que actúen contra las declaraciones de Pérez, calificándolas de "falsas" y gravemente perjudiciales para la reputación y credibilidad de LaLiga y del colectivo arbitral. Pide "medidas asociativas y judiciales" para defender la honorabilidad, integridad y prestigio de las instituciones y competiciones representadas.
Previamente, Barcelona anunció su intención de presentar una demanda de conciliación previa a una querella por calumnias contra Florentino Pérez. A fecha de mayo de 2026, la UEFA no puede cerrar el expediente porque depende de las resoluciones judiciales en España. Solo tras esas decisiones la UEFA podría imponer sanciones deportivas.
Real Madrid menciona corrupción debido a que el caso no prescribe según el Código Disciplinario de la UEFA. No obstante, según normativa de la Federación Española, las supuestas infracciones, con pagos entre 2001 y 2018 hechos públicos en 2023, podrían estar prescritas, ya que los plazos de prescripción varían entre tres años y un mes según la gravedad. Este aspecto legal sigue siendo objeto de debate en la investigación.
Este contexto refleja la tensión constante entre ambos clubes y la complejidad del proceso legal que afecta tanto al ámbito deportivo como al reputacional. Las posiciones se mantienen firmes, y los próximos pasos dependerán de las resoluciones judiciales y la reacción de la UEFA.
